Islandia, un país que quiere castigar a los banqueros responsables de la crisis

Pressenza.-REIKJAVIK, Islandia – Desde 2008, la gran mayoría de la población occidental sueña con decir “no” a los bancos, pero nadie se ha atrevido a hacerlo. Nadie, salvo los islandeses, que han llevado a cabo una revolución pacífica que ha logrado no sólo derrocar a un gobierno y redactar una nueva constitución, sino que también trata de llevar a la cárcel a los responsables de la debacle económica del país.

La semana pasada fueron detenidas 9 personas en Londres y en Reikjavik (capital de Islandia) por sus posibles responsabilidades con la quiebra financiera de Islandia en 2008, una profunda crisis que provocó una reacción ciudadana sin precedentes y que cambió el rumbo del país.

Ha sido la revolución pacífica de Islandia, el país con la democracia más antigua del mundo (desde el año 930), y cuyos ciudadanos han logrado cambiar a base de manifestaciones y protestas. ¿Y por qué el resto de países occidentales ni siquiera se ha enterado?

La presión ciudadana islandesa ha conseguido no sólo tumbar al gobierno, sino también redactar una nueva constitución (aún en proceso) mientras trata de meter en la cárcel a los banqueros responsables de la crisis del país. Como se suele decir, si pides las cosas con educación es mucho más fácil conseguirlas.

Este silencioso proceso revolucionario tiene su origen en 2008, cuando el gobierno islandés decidió nacionalizar los tres bancos principales, Landsbanki, Kaupthing y Glitnir, cuyos clientes eran principalmente ingleses, estadounidenses y americanos.

Tras la entrada del Estado en su capital, la moneda oficial (la corona), se desplomaba y la bolsa suspendía su actividad tras experimentar una caída del 76%. Islandia entraba en quiebra y para salvar la situación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) inyectaba 2.100 millones de dólares y los países nórdicos aportaban otros 2.500 millones.

Grandes pequeñas victorias del ciudano de a pie

Mientras bancos y autoridades locales y extranjeras buscaban a la desesperada soluciones económicas, el pueblo islandés se echó a la calle y con sus insistentes manifestaciones diarias frente al parlamento de Reikjavik, provocó la dimisión del primer ministro, el conservador Geir H. Haarden, así como de todo su gobierno en bloque.

Asimismo, los ciudadanos exigían que se convocaran elecciones anticipadas, y lo consiguieron. En abril, salió elegido por votación un gobierno de coalición formado por la alianza social-demócrata y el movimiento de izquierda verde, encabezado por una nueva Primera Ministra, Jóhanna Sigurðardóttir.

Durante todo el 2009, la economía islandesa continuó en una precaria situación (cerró el año con una caída del 7% del PIB) pero, a pesar de ello, el Parlamento propuso la devolución de la deuda a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, una suma que debían pagar todas las familias islandesas mensualmente durante 15 años al 5,5% de interés.

La medida provocó de nuevo la ira de los islandeses, que volvieron a tomar las calles exigiendo que, al menos, esa decisión fuera sometida a referéndum. Otra nueva pequeña gran victoria de las protestas callejeras: en marzo de 2010 se celebraba esa votación y un aplastante 93% de la población se negaba a devolver la deuda, al menos en esas condiciones.

Con ello consiguieron que los acreedores se repensaran el acuerdo y lo mejoraran, ofreciendo los intereses al 3% y el pago a 37 años. Ni siquiera eso ha sido suficiente, y el presidente actual, al ver que el Parlamento aprobaba este acuerdo por un margen muy estrecho, decidió el mes pasado no sancionarlo y llamar de nuevo a los islandeses a votar en referéndum para que sean ellos los que tengan la última palabra.

Los banqueros huyen atemorizados

Volviendo a la tensa situación de 2010, mientras los islandeses se negaban a pagar una deuda que habían contraído los tiburones financieros sin preguntarles, el Gobierno de coalición había iniciado una investigación para esclarecer jurídicamente las responsabilidades de la tremenda crisis económica y ya se había detenido a varios banqueros y altos ejecutivos estrechamente relacionados con las operaciones de riesgo acometidas.

Por su parte, la Interpol había dictado una orden internacional de arresto contra el expresidente de uno de los bancos, Sigurdur Einarsson. Esta situación hizo que banqueros y ejecutivos, atemorizados, abandonaran el país en masa.

En este contexto de crisis, se eligió una asamblea para redactar una nueva constitución que recogiera las lecciones aprendidas y que sustituyera a la actual, inspirada en la constitución danesa.

Para ello, en vez de llamar a expertos y políticos, Islandia ha decidido recurrir directamente al pueblo, soberano, al fin y al cabo, de las leyes. Más de 500 islandeses se presentaron candidatos para participar en este ejercicio de democracia directa y redactar la constitución, de los cuales fueron elegidos 25 ciudadanos sin afiliación política entre los que se encuentran abogados, estudiantes, periodistas, granjeros y representantes sindicales.

Entre otras novedades, esta constitución está llamada a proteger como ninguna otra las libertades de información y de expresión con la llamada Iniciativa Islandesa Moderna para Medios de Comunicación, un proyecto de ley que pretende hacer del país un refugio seguro para el periodismo de investigación y la libertad de información donde se protejan fuentes, periodistas y proveedores de Internet que alojen información periodística.

Será el pueblo, por una vez, el que decida sobre el futuro del país mientras banqueros y políticos asistan a la transformación de una nación, pero esta vez desde la barrera.

Ver el artículo en inglés: http://www.pressenza.com/npermalink/icelandx-a-country-that-wants-to-punish-the-bankers-responsible-for-the-crisis

Traducción: Javier Gil

© Pressenza

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