Tras año y medio después del terremoto, más de un millón de personas sigue viviendo en campos de desplazados, bajo carpas. Las sucesivas crisis vividas durante este tiempo (el terremoto, el brote de cólera, el largo proceso electoral, y ahora, el paso de huracanes), son muchas las personas que, para sobrevivir, se plantean huir del país y salir en busca de un nuevo futuro.

Todo ello ha supuesto un incremento notable de la migración haitiana hacia América Latina (el número de entradas de ciudadanos haitianos a Ecuador y Chile, dos principales puertas de entrada hacia esta región, ha aumentado de manera exponencial después del terremoto). El problema, según apunta el documento realizado desde el SJR, es la falta de mecanismos de protección con que se encuentran debido, fundamentalmente, a la ambigüedad que manifiestan los gobiernos a la hora de aplicar el estatuto de refugiado a los migrantes haitianos. ¿Son refugiados o son migrantes económicos? Bajo esa duda las autoridades de los países de acogida evitan ofrecer asistencia y protección a los haitianos basándose en la interpretación restrictiva de “refugiado” plasmada en la Convención de Ginebra de 1951. Al mismo tiempo que endurecen sus políticas migratorias para blindar sus fronteras.

Por otro lado, la presencia de complejas redes de trata y tráfico de personas que operan desde Haití y en los países de tránsito y de llegada es otra de las grandes vicisitudes a las que deben enfrentarse los haitianos y haitianas. El SJR-LAC ha detectado algunas de estas redes que reclutan a ciudadanos haitianos bajo falsas promesas de estudios y oportunidades de trabajo en diversos países de América Latina y en Europa.

Entreculturas y SJR-LAC manifestamos nuestra preocupación ante la situación de emergencia y desamparo que están viviendo miles de haitianos y haitianas en varios países de América Latina, ante el endurecimiento de las políticas migratorias que están suponiendo un auténtico cierre de fronteras para los haitianos, y nos sumamos, a la demanda de la puesta en marcha de una protección internacional para regularizar la situación migratoria de los haitianos, garantizar su no deportación y favorecer su integración de manera digna en los países de acogida.

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